La Florida endurece su postura hacia la inmigración ilegal
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ratificó la norma adoptada por el Congreso de Florida contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.
Los cárteles de la droga mexicanos tienen más fuerza sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense", dijo el gobernador, justificando la necesidad de la nueva ley floridana.
El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
Además, obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría llevar a migrantes indocumentados a evitar recibir tratamientos, según opositores a la norma.
Por otra parte, el tráfico de personas indocumentadas desde otro estado hasta Florida se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión.
Y las autoridades dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgar documentos de identidad a extranjeros sin papeles.
La ley asigna además 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país, en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados de Texas al noreste de Estados Unidos.
DeSantis, de 44 años, figura republicana ascendente, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto.
Los funcionarios de ambos lados se preparan para una afluencia a través de la frontera que comenzará exactamente a las 11:59 p. m., hora del este, del 11 de mayo, cuando el Título 42 se suspenda.
Por su parte, la Administración Biden se comprometió a hacer cumplir otra regla conocida como Título 8, que penalizaría a cualquiera que intente cruzar ilegalmente o no solicite asilo en otro país antes de llegar a las puertas de Estados Unidos. Aquellos que violen la política podrían enfrentar una prohibición de 5 años de ingresar a los EE. UU. e incluso cargos penales.
Pero a pesar de todo eso, las caravanas de migrantes ya se están dirigiendo hacia el norte. El gobierno federal pronostica que hasta 13.000 podrían llegar cada día a lo largo de la frontera para solicitar asilo en los Estados Unidos.
El Paso, al igual que otras dos ciudades de Texas, Brownsville y Laredo, ya declaró el estado de emergencia, y el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, advirtió que 15,000 están preparados para intentar ingresar solos a su ciudad una vez que se levante la política.
Mientras tanto, la administración Biden ha enviado 1500 soldados para ayudar a los agentes fronterizos a hacer frente al caos inminente, incluso cuando afirma desesperadamente que Estados Unidos no está abriendo sus puertas.
La mayoría republicana en ambas cámaras estatales le ha brindado su apoyo completo para aprobar leyes que le han garantizado una gran atención mediática.
Pero sus iniciativas han sido cuestionadas por defensores de los inmigrantes.
"Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad", declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Immigrant Coalition, en un comunicado enviado este miércoles.
Agencias
10 de Mayo 2023
